Tragedia, morbo y responsabilidad.
El caso de Paseo de los Leones nos enfrenta a tres preguntas: cómo consumimos el dolor, qué implica proteger la salud mental y cómo el derecho distingue tragedia de responsabilidad.
Hay momentos que no deberían convertirse en contenido de consumo cual entretenimiento.
El atropellamiento del lunes en la Avenida Paseo de los Leones no solo suscitó una conversación sobre responsabilidad vial, sino que también generó una reflexión sobre la importancia de la seguridad vial, la salud mental, la responsabilidad. Abre una conversación sobre cómo miramos el dolor ajeno, cómo reaccionamos ante la crisis de salud mental y cómo el derecho intenta ordenar lo que, en contextos sociales tan complejos, parece no tener límites.
El accidente fue grabado desde múltiples ángulos. Las imágenes circularon durante horas, si no es que días, a una velocidad que superaba cualquier protocolo institucional. Antes de que hubiera claridad jurídica, ya existía un juicio social. Antes de que hubiera dictámenes médicos, ya existía un diagnóstico público.
Y eso, por sí solo, merece análisis.
Para ello tocaré tres temas:
El morbo y los derechos humanos,
La salud mental y las obligaciones del Estado,
¿Qué sucede jurídicamente en un caso como este?
I. El morbo como forma contemporánea de revictimización
El hecho de que el video circulara de forma masiva a una velocidad casi instantánea no es un acto neutro. Fue, más bien, una decisión colectiva inscrita en una dinámica cultural que premia la espectacularización del dolor.
Cada reproducción, cada envío por WhatsApp, Instagram o X, cada divulgación en TikTok, cada retransmisión en medios digitales, cada comentario aparentemente “informativo”, contribuyó a convertir un momento de vulnerabilidad extrema en un objeto de consumo. No simplemente en información. En mercancía simbólica.
La dinámica no es nueva. Desde hace décadas, la lógica del escándalo como espectáculo ha desplazado la lógica informativa tradicional. La transición de lo impreso a lo digital no transformó sustancialmente las rutinas de producción periodística; simplemente aceleró su circulación y amplificó su impacto. Lo que antes era una nota roja de tiraje limitado, hoy se convierte en un fenómeno viral de alcance nacional o incluso internacional (según el caso) en cuestión de minutos.
En esa lógica, el trauma deja de ser un acontecimiento humano y se transforma en contenido. Desde una perspectiva jurídica, esto nos obliga a reconocer que no nos enfrentamos a un simple ejercicio de libertad de expresión, sino a un conflicto estructural de derechos fundamentales.
Por un lado, los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen la libertad de expresión y el derecho a la información. Por otro lado, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos,la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el propio marco constitucional mexicano protegen otros derechos que, en casos como este, pueden parecer contrarios a la libertad de expresión y al derecho a la información. Derechos como la vida privada, la honra, la imagen y la dignidad.
El conflicto no es retórico. Es real.
El derecho contemporáneo ha superado la visión jerárquica de los derechos humanos. No existen derechos absolutos. Ni siquiera la libertad de expresión lo es. La propia Constitución mexicana establece que la manifestación de ideas no puede atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros ni provocar delitos o perturbar el orden público. El margen de protección de la expresión encuentra su límite en la afectación desproporcionada de otros derechos.
Aquí entra en juego la ponderación. Cuando dos derechos humanos chocan, el análisis exige evaluar:
Idoneidad: ¿La difusión del video era idónea para satisfacer un interés público relevante?
Necesidad: ¿Existían medios menos lesivos para informar sobre el hecho vial sin exhibir el momento exacto del impacto?
Proporcionalidad en sentido estricto: ¿El beneficio informativo supera el daño a la dignidad e intimidad de la persona afectada?
Difundir que ocurrió un atropellamiento puede cumplir una función informativa legítima. Reproducir en bucle el momento exacto del impacto difícilmente supera el examen de necesidad. La repetición constante de la escena parece responder más a una lógica de impacto emocional que a un estándar de información veraz, objetiva y proporcional.
Y ahí se cruza otra dimensión relevante, la apología indirecta de la violencia.
Cuando los medios y las plataformas digitales convierten la exposición de la intimidad y del cuerpo lesionado en un objeto de consumo masivo, no están verdaderamente informando; están normalizando. Se alimenta una curiosidad mórbida colectiva que desplaza la empatía. El derecho penal mexicano tipifica la apología del delito como la provocación o la exaltación de conductas delictivas. Aunque la difusión de un video no encaje mecánicamente en ese tipo penal, sí puede insertarse en una cultura que trivializa la violencia y erosiona la protección de la dignidad humana.
Desde la teoría ecosistémica, este fenómeno puede leerse como una tensión entre niveles. En el macrosistema se encuentran los derechos humanos y el marco constitucional; en el exosistema operan los medios de comunicación y las plataformas digitales; en el microsistema se encuentran la persona afectada y su entorno inmediato. Lo que se decide en el macrosistema, qué se permite, qué se limita, qué se sanciona, impacta directamente en la integridad psicosocial del individuo.
La intimidad, doctrinalmente, no es un concepto monolítico. Comprende dimensiones como la soledad, el anonimato, la reserva y el ámbito relacional estrecho. Irrumpir la soledad sin consentimiento, destapar el anonimato asumido, revelar información reservada o exponer la imagen sin autorización constituyen formas diferenciadas de agresión a la privacidad.
En este caso, la difusión del video vulnera al menos dos dimensiones: la reserva (porque exhibe, en su crudeza visual, un momento que no era de incumbencia pública) y la propia imagen (porque instrumentaliza el cuerpo de la persona lesionada y el momento exacto del impacto como elementos centrales del contenido).
A menudo se argumenta que, cuando un hecho ocurre en la vía pública, desaparece la expectativa de privacidad. Esa afirmación es jurídicamente simplista. Que un evento suceda en un espacio público no significa que cualquier nivel de exposición sea legítimo. La jurisprudencia comparada ha distinguido entre el interés público genuino y el mero interés del público. El primero responde a exigencias democráticas; el segundo, a la curiosidad colectiva.
La ponderación exige distinguir entre ambos.
Además, no puede perderse de vista que la afectación a la dignidad no se agota en el momento de la difusión. El daño moral y el impacto psicosocial pueden prolongarse durante semanas o meses. La literatura psicológica sobre el trauma señala que la exposición pública a un evento invasivo puede desencadenar síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático, como ansiedad persistente, hipervigilancia, desrealización y deterioro social y laboral. ¿Cuál es el efecto sobre la víctima (tanto la persona atropellada como la conductora afectada) posterior a los hechos después de ese nivel de exposición? La justicia restaurativa, la réplica, la disculpa pública y la indemnización difícilmente pueden borrar la huella digital permanente de un video viralizado.
La viralización transforma el daño en permanente. El derecho tradicional de réplica o retractación no tiene la misma capacidad de alcance que la difusión inicial. Si la noticia se expandió exponencialmente, la medida restaurativa debería, al menos en teoría, tener un alcance equiparable. De lo contrario, la reparación se vuelve simbólica y el daño estructural permanece intacto.
Hemos naturalizado la espectacularización del trauma. La repetición cultural de estas prácticas convierte la excepción en costumbre. Y la costumbre, en ocasiones, pretende legitimarse como normalidad.
Pero la normalización social no convierte una conducta en jurídicamente legítima.
II. Salud mental, espacio público y las obligaciones positivas del Estado.
Uno de los elementos más delicados del caso es la referencia a que la joven padecía un trastorno de personalidad; posteriormente, se difundió que padecía depresión y, en otras notas, se mencionó esquizofrenia. En esencia, todas las versiones coinciden en que se encontraba desorientada al momento del accidente.
Más allá del diagnóstico específico, que, por sí mismo, debió tratarse con mayor reserva, el aspecto jurídicamente relevante es otro, el Estado tiene obligaciones positivas frente a situaciones de riesgo, particularmente cuando involucran condiciones de salud mental.
Desde el enfoque contemporáneo de los derechos humanos, las obligaciones estatales no se agotan en la abstención. No basta con no interferir. El Estado debe respetar, pero también proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Esta distinción implica que, cuando existen riesgos previsibles para la vida o la integridad de una persona, el Estado debe adoptar medidas razonables y adecuadas para evitarlos.
El derecho a la salud, reconocido en el artículo 4° constitucional y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprende la salud mental como parte indivisible del bienestar físico y psíquico. No se trata únicamente de acceso a hospitales; implica disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios. Pero también implica la prevención y la atención adecuadas en contextos de crisis.
En situaciones de desorientación en el espacio público, el deber estatal no es reactivo, sino preventivo. La obligación de proteger exige que las autoridades adopten medidas para impedir que terceros o circunstancias estructurales vulneren los derechos humanos. La obligación de garantizar exige desarrollar políticas públicas, protocolos y capacitación suficientes para que el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal no quede en el plano declarativo.
Cuando una persona presenta signos evidentes de alteración mental en una vía de alta velocidad, el análisis no puede reducirse a la intención individual ni a la imprudencia. Debe ampliarse hacia la dimensión estructural: ¿existen protocolos claros de intervención? ¿Los cuerpos policiales cuentan con formación en técnicas de desescalamiento? ¿Existe una coordinación efectiva con servicios médicos de emergencia especializados en salud mental?
En los videos que circularon, se observa a un elemento policial intentando controlar el tráfico en la lateral para evitar que los vehículos dañaran a la joven. Esa actuación muestra voluntad de auxiliar. Sin embargo, la pregunta jurídica relevante no es si hubo intención de ayudar, sino si las herramientas institucionales eran suficientes para enfrentar el riesgo real que representaba la irrupción en los carriles centrales de alta velocidad.
La obligación de garantizar la vida y la integridad, implica un deber reforzado cuando el Estado tiene conocimiento de una situación de vulnerabilidad. La Corte Interamericana ha sostenido que cuando las autoridades conocen o deberían conocer la existencia de un riesgo real e inmediato, surge la obligación de adoptar medidas razonables para prevenirlo.
La salud mental es un factor de vulnerabilidad que activa obligaciones específicas. El derecho a la integridad personal incluye la protección contra daños previsibles, incluso cuando estos provienen de la propia conducta desorientada de la persona afectada.
El derecho a la seguridad personal, entendido como la garantía de no ser expuesto a riesgos evitables, también entra en juego. La seguridad no es solo la ausencia de delitos; es la protección frente a amenazas previsibles a la vida y la integridad. En contextos urbanos de alta circulación vehicular, la gestión de las crisis de salud mental se convierte en un asunto de política pública, no únicamente de reacción individual.
En diversas jurisdicciones comparadas, se han desarrollado modelos de intervención en crisis (Crisis Intervention Teams) que integran formación policial especializada, la participación de profesionales de salud mental y protocolos de contención no violenta. La evidencia empírica muestra que estos modelos reducen significativamente las lesiones y los desenlaces fatales.
En México, aunque existen avances normativos en materia de salud mental y de derechos de las personas con discapacidad psicosocial, la implementación de protocolos uniformes y la capacitación sistemática siguen siendo desiguales. La obligación de garantizar no se satisface con la mera presencia de un policia; exige estructuras institucionales que anticipen escenarios de riesgo, que capaciten de forma adecuada al personal, y que puedan contener situaciones tan complejas como la que generó los hechos del lunes.
Por ello, la pregunta jurídica más sofisticada no es si el oficial persiguió, contuvo y detuvo a la joven o no. Tampoco es si actuó de buena fe. La pregunta es si el Estado ha desarrollado mecanismos adecuados para gestionar las crisis de salud mental en espacios públicos de alta peligrosidad.
Porque el derecho a la vida, a la salud y a la integridad no dependen únicamente de la prudencia individual.
Dependen también de la capacidad institucional para prever lo previsible.
Y cuando el riesgo es estructural, la respuesta no puede ser individual. Debe ser institucional.
III. Responsabilidad Penal y Civil.
Analicemos el caso.
Según los videos que circularon y los reportes oficiales:
La joven caminaba desorientada por la lateral.
En múltiples ocasiones intentó lanzarse contra los vehículos.
Un policía estaba deteniendo parcialmente el tráfico en la lateral para evitar que fuera atropellada.
La joven, de forma repentina, corrió hacia los carriles centrales.
Fue impactada por un vehículo que circulaba en los carriles de alta velocidad.
El Código Penal de Nuevo León obliga al juez a analizar:
La facilidad o dificultad para evitar el resultado.
Si el resultado era previsible.
Si existió posibilidad real de reacción.
El deber de cuidado exigible dadas las circunstancias.
Aplicado al caso concreto, el análisis penal tendría que preguntarse:
¿Era previsible que una persona irrumpiera corriendo hacia los carriles centrales de alta velocidad?
¿La conductora tenía tiempo razonable para frenar?
¿Circulaba a velocidad permitida?
¿Había señales previas claras de riesgo en esos carriles centrales?
¿Hubo intento u oportunidad de evasión o de frenado?
Si los peritajes muestran que:
La conductora circulaba dentro del límite de velocidad,
No estaba intoxicada,
No huyó del lugar,
Intentó frenar, o fue posible frenar porque el tiempo de reacción fue insuficiente,
Entonces el elemento de culpa penal puede debilitarse considerablemente. El derecho penal busca sancionar la imprudencia grave, no el infortunio inevitable.
La detención inicial de la conductora es común en este tipo de hechos mientras se esclarecen las circunstancias. Sin embargo, su liberación posterior sugiere que, preliminarmente, no se acreditó culpa grave ni se configuraron supuestos para no continuar con la acción penal (por ejemplo, ausencia de intoxicación, colaboración y reparación).
Hay que recordar que, si existe una duda razonable sobre si el resultado era evitable, esta favorece al acusado (principio pro reo). En derecho penal, la víctima no suele ser sujeto activo del delito cuando resulta lesionada. Sin embargo, su conducta puede resultar relevante para analizar el nexo causal.
Si una persona:
Intenta lanzarse repetidamente al tráfico,
Ignora intentos de contención,
Corre hacia carriles centrales de alta velocidad,
Esa conducta puede considerarse jurídicamente relevante al evaluar la previsibilidad y la evitabilidad. No se trata de “culpar” moralmente a la víctima (principalmente al recordar el contexto de salud mental). Se trata de analizar si su conducta fue tan abrupta e imprevisible que rompió la cadena de imputación hacia el conductor.
El derecho penal no sanciona a alguien por no lograr evitar lo inevitable.
En materia civil, el Código Civil de Nuevo León establece que quien utiliza un vehículo, considerado un mecanismo peligroso por la velocidad que desarrolla, responde por los daños que cause, incluso sin culpa probada. Esto se llama responsabilidad civil objetiva y se entiende que existe por el riesgo creado.
En principio, la conductora podría estar obligada a reparar el daño simplemente por haber ocurrido mediante el uso de su vehículo. Pero como casi todo en el derecho, también hay excepciones. Si el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, el responsable puede quedar exonerado. Esto es a lo que comúnmente nos referimos como romper el nexo causal.
Para que opere esa excepción, la conducta de la joven tendría que ser:
Determinante en el resultado.
Extraordinariamente imprudente.
Imposible o prácticamente imposible de prever o evitar.
Si se demuestra que, aun con la irrupción repentina, existía margen razonable para frenar y no se hizo, la responsabilidad civil podría mantenerse. Si se demuestra que el impacto era materialmente inevitable dadas las circunstancias, podría configurarse la excepción por culpa inexcusable de la víctima.
En un caso como este, donde confluyen vulnerabilidad humana, circulación vehicular de alta velocidad y decisiones que se toman en fracciones de segundo, el derecho no está llamado a construir una narrativa de culpables y víctimas en términos morales, sino a realizar una imputación técnica de responsabilidades. Eso implica preguntarse, qué era previsible, qué era evitable y quién debía asumir jurídicamente las consecuencias del riesgo que se materializó. Puede resultar incómodo aceptar que la conducta de quien resulta lesionado también sea jurídicamente relevante, así como puede ser difícil comprender que no todo resultado trágico implica una culpa penal. Pero precisamente ahí radica la función del derecho, no amplificar la indignación, sino ordenar la complejidad. En esa tarea, más que buscar un bando, lo que corresponde es entender cómo se distribuyen los riesgos y las responsabilidades en una sociedad donde conducir, caminar y coexistir en el espacio público implica, inevitablemente, asumir y administrar peligros compartidos.
Me pareció un excelente análisis de un caso muy polémico. ¡Felicitaciones!